El pasado miércoles, el presidente de la Nación, Javier Milei, habló por cadena nacional y dio a conocer que había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia, derogando o modificando 360 leyes, a partir de lo que se generó una enorme polémica, con mucha gente que aprobó la decisión y muchos otros que no.
Y me interesaría hacer foco no tanto en todas las leyes que se derogan o modifican y las consecuencias de esas decisiones (ya habrá futuras editoriales en los que podremos detenernos en ello), sino más bien en la manera de hacerlo.
Pensaba en que justamente una de las cosas que más se le ha criticado al kirchnerismo, es que muchas veces no respetó las instituciones, y el actual presidente llega y con el apoyo de quien más hincapié hizo en esa falencia, Mauricio Macri y algunos dirigentes muy cercanos a él, como Federico Sturzenegger y los actuales ministros Santiago Caputo y Patricia Bullrich, se olvida por completo de la institucionalidad y con un decretazo hace y deshace a su antojo.
Es verdad que todos los presidentes que lo antecedieron han hecho uso de los DNU, pero nunca se había visto uno de esta magnitud, en el cual incluyó leyes que seguramente para su proyecto tienen urgencia, pero no hay emergencia que pueda justificar pasar por alto la constitución. Es que creo, sin ser un especialista en la materia, que cambiar más de 300 leyes mediante un decreto, es gobernar por decreto sin tener en cuenta al Congreso, y eso no es constitucional.
En estos días, prácticamente la totalidad de los abogados constitucionalistas consultados por los medios nacionales, coincidieron que el decreto es anticonstitucional, pero al presidente Milei poco parece haberle importado.
Por otra parte, suponiendo que el presidente creyera indispensable decretar la derogación de determinadas leyes para apurar los tiempos de los cambios que propone, es imposible defender la consideración de “necesidad” y “urgencia” de algunas de ellas, como la posibilidad de que los clubes decidan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas, por citar sólo el ejemplo más claro. Pero podría mencionarse también la modificación de la Ley de Tierras, la eliminación de la Ley de Góndolas o la eliminación de las multas por sanciones laborales a empleadores que incumplen. Todas leyes que si algo no tienen es una urgencia.
Podríamos referirnos también a la introducción que hizo en la cadena nacional, en la que continuó con su discurso de campaña, denostando a los políticos como si el no fuera uno de ellos o insistiendo con la famosa “casta”, mientras tenía sentado detrás de él a varios representantes de la misma.
Podríamos hablar también de lo que implicará cada una de las derogaciones o modificaciones que decretó, pero esa es una decisión política y el pueblo justamente lo votó para que tome decisiones e impulse un cambio. No se trata aquí si estamos o no de acuerdo con las medidas.
Es por eso que en lo que estoy marcando mi total desacuerdo, es en las formas utilizadas, olvidándose de la división de poderes, ignorando por completo al Poder Legislativo, tanto a diputados como senadores.
Este decreto atropella la institucionalidad que supuestamente se debía recuperar y que entre todos debíamos cuidar. Justamente los representantes del pueblo, los legisladores, hoy tienen en sus manos la posibilidad de ponerle un freno a este DNU. Y también es de esperar que el Poder Judicial ejerza un verdadero control del respeto a nuestra Constitución.
Creo que Milei aún está a tiempo de volver sobre sus pasos, enviar al Congreso las reformas planteadas para que sean tratadas y seguramente muchas de ellas podrían ser aprobadas, pero como corresponde. De lo contrario, si se avala esto, el presidente podrá sentirse un todopoderoso y que sólo le basta una firma para hacer o deshacer. Y lo propio, con un antecedente así, podría hacer el presidente que lo sucede y el próximo.
La Constitución hay que respetarla, el división de poderes hay que respetarla, la institucionalidad debe ser respetada y lo hecho por el presidente no es respeto, sino por el contrario, es un atropello.
Carlos Laboranti, director ejecutivo.
