Tal como ocurrió en los debates anteriores (es la tercera vez que estas leyes pasan por Diputados), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió el tramo final de la sesión desde la oficina de Martín Menem, junto a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, subió a uno de los palcos para mostrar su apoyo al proyecto oficial. Pasadas las 19,30, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se hizo presente en el Congreso y se sumó a Karina Milei.

La modalidad acordada en la reunión de Labor Parlamentaria determinó que ambos proyectos se discutan en simultáneo. En general, las críticas del peronismo apuntaron contra la constitucionalidad de reponer Ganancias y Bienes Personales -adelantaron que ambos puntos serán judicializados- y sobre los efectos negativos del RIGI y la reforma laboral.

Pasada la 1 de la madrugada, llegó el momento de la votación de la Ley Bases. El formato del dictamen, que constaba de un solo artículo que ratificaba todos los cambios del Senado, fue especialmente problemático para el peronismo porque si había diputados que querían mostrar su apoyo al RIGI también debían votar afirmativamente otros puntos como la reforma laboral o las privatizaciones.

Justamente la presión de las provincias que podrían recibir las grandes inversiones generó fuertes tensiones dentro del bloque. En las reuniones de los días previos muchos diputados no quisieron adelantar cómo votarían. Para Unión por la Patria el principal problema político era no poder mostrar unidad en el bloque ante el proyecto insignia de Milei.

El sanjuanino Walberto Allende dejó en claro las diferencias internas. Tras criticar las facultades delegadas y los efectos de la reforma laboral, hizo una fuerte defensa de la minería y de la necesidad de inversiones. “No podemos acompañar pero sí dejar en claro nuestro fuerte apoyo a la actividad minera en Argentina y en particular en la provincia de San Juan”, dijo.

Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. Esta decisión fue la que le permitió sumar algunos votos extras del radicalismo, como Facundo Manes que había rechazado la ley en general, y encolumnar a gran parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que reclamaba respetar los acuerdos alcanzados en el Senado.

Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueode capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20 por ciento de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.

El resultado final arrojó un holgado resultado favorable, con 147 votos afirmativos contra 107 negativos.

La reversión de Ganancias había sido aprobado por Diputados pero luego el Senado lo rechazó por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscaban evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia debido a que tienen sueldos altos por el régimen de las zonas desfavorables y por el tipo de actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).

La aprobación de la versión de Diputados llevará el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5 al 35 por ciento. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El nuevo piso del tributo, que se aprobó con 134 afirmativos y 118 negativos, pasará de $27 millones a $100 millones (de USD 29.000 a USD 107.000) y la deducción por la vivienda familiar será de $350 millones. A su vez, se implementará un plan de pago anticipado por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“Reibp”), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.

Una nueva etapa para el Gobierno

Amplios sectores de la oposición dialoguista coincidían en que ahora comenzaría una nueva etapa del gobierno de Milei donde quedará desarticulado el discurso libertario que hasta ahora se desentendió de muchos de los problemas en la gestión apuntando contra la oposición.

“Con esta sanción se terminan los pretextos, se termina la cortina de humo. Lo que llegó es la hora de aflojar con la descripción y pasar a la acción, de muchas menos explicación y más gestión”, sintetizó Nicolás Massot.

En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto señaló que el Gobierno “tiene los instrumentos que tiene que utilizar”. “Se van acabando los tiempos, arranca la etapa de gestionar su visión de la Argentina, a ver cómo la implementan”, concluyó.

Fuente: Infobae