La reciente media sanción en Diputados que modifica el Régimen de Zona Fría representa una amenaza concreta para millones de hogares argentinos, y en especial para localidades como Lobería, Tandil, Balcarce, Necochea y San Cayetano, donde las bajas temperaturas obligan a un consumo intensivo de gas durante gran parte del año.
El proyecto apunta a reducir el alcance de los descuentos en las tarifas de gas, un esquema que había sido ampliado en 2021 para reconocer las condiciones climáticas de vastas regiones bonaerenses. Eliminar este beneficio (los distritos de la Provincia de Buenos Aires quedarían excluidos de la Zona Fría) o recortar este beneficio implicaría aumentos desproporcionados en las boletas, que podrían oscilar entre el 40 y el 100 por ciento, justo en la antesala del invierno.
En un país atravesado por la inflación persistente, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo, esta medida se convierte en un nuevo golpe a los sectores más vulnerables: trabajadores, jubilados y familias de ingresos medios que ya hacen esfuerzos enormes para sostenerse.
La Zona Fría no es un privilegio, sino un reconocimiento a una realidad climática concreta. En nuestra región, las temperaturas se equiparan a las del sur del país, y el gas no es un gasto optativo, sino un servicio esencial para vivir.
La discusión ahora pasa al Senado, donde aún resta definir el futuro de este régimen. Pero lo cierto es que, de prosperar la modificación, los bolsillos empobrecidos de millones de familias sufrirán un impacto devastador, profundizando la desigualdad territorial y poniendo en riesgo la equidad que el sistema buscaba garantizar.
Defender la Zona Fría es defender el derecho de nuestras comunidades a acceder a la energía en condiciones justas y razonables.
Carlos Laboranti, director ejecutivo
