Tal como se anticipaba en declaraciones previas del presidente del Consejo Directivo del INTA Chaco-Formosa, este martes comenzó una etapa de lucha judicial contra el decreto 462/2025, que reorganiza al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a otros organismos vinculados al sector agropecuario.
El Sindicato del Personal del INTA (APINTA), junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó ante la Justicia una acción de amparo en defensa del INTA. La medida fue encabezada por Mario Romero, secretario general de APINTA, con el objetivo de frenar los artículos 59 a 69 del decreto firmado por el Poder Ejecutivo.
En el escrito judicial, se solicita que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dichos artículos, por configurar una desviación de poder que implicaría la disolución, desfederalización y vaciamiento del INTA, situación que, según los denunciantes, contraviene la ley 27.742 y su decreto fundacional 21680/56. Además, se afirma que vulnera la garantía de estabilidad en el empleo público prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Según las organizaciones gremiales, el plan del gobierno incluiría rematar 40.000 hectáreas rurales, vender patentes de desarrollos tecnológicos, apropiarse de recursos financieros alojados en el Banco Nación y ejecutar despidos masivos de científicos y técnicos.
APINTA y ATE comparan el contexto actual con un «estado de sitio», sosteniendo que la declaración de emergencia económica usada para justificar el decreto representa un abuso de poder, ya que no existiría una «conmoción extraordinaria e imprevista» que habilite tales medidas.
También cuestionan la intención de excluir a las universidades y a los Consorcios de Experimentación Rural (AACREA) de la conducción colegiada del organismo, así como la propuesta de degradar a las entidades históricas del Consejo del INTA —SRA, FAA, CRA y CONINAGRO— a un rol de meros asesores sin peso vinculante.
El amparo quedó radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo, al considerar que los más perjudicados por esta reestructuración serían los trabajadores científicos y extensionistas del instituto. Las entidades gremiales aseguran que defenderán al INTA en todos los ámbitos posibles.
