En las últimas horas se confirmó la renuncia de la totalidad de la comisión directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia, en un contexto marcado por la causa penal que lleva adelante el fiscal Rodolfo Moure.
La investigación tiene como imputadas a Alejandra Género y Marisa Benaduche, acusadas de amenazas, coacción y lesiones leves. Este miércoles ambas se presentaron en la Fiscalía junto a su abogado, Gustavo Marceillac, y decidieron ejercer su derecho a no declarar, facultad que les corresponde legalmente.
El fiscal Moure explicó que no habrá una nueva citación inmediata, aunque la posibilidad de que las imputadas declaren en el futuro permanece abierta. Además, confirmó que los audios difundidos públicamente forman parte del material incorporado a la investigación, y no se descarta que puedan derivarse nuevas actuaciones.
La situación generó impacto en el plano institucional y político. En el Concejo Deliberante se presentó un proyecto vinculado a la entidad, donde distintos concejales remarcaron la necesidad de que el cuerpo deliberativo se pronuncie ante la gravedad de los hechos denunciados.
Por el momento, no se informó oficialmente cómo se garantizará el funcionamiento de la institución tras la renuncia de la comisión directiva, ni si se designará una conducción transitoria. El avance de la causa judicial y las definiciones administrativas serán determinantes para el futuro de la Sociedad de Protección a la Infancia.
