El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un escenario de incertidumbre, debido a la posible publicación de un decreto por parte del Ministerio de Economía, que implicaría el despido de alrededor de 1500 trabajadores, la venta de 70.000 hectáreas de investigación e inmuebles, y cambios en la composición del Consejo Directivo del organismo.
Alertas desde gremios y legisladores
El gremio APINTA expresó su preocupación ante estas medidas y aseguró que se encuentra en diálogo con gobernadores y legisladores de todo el país para intentar frenar la iniciativa. Además, anunciaron que se realizará una presentación ante la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados.
Rechazo del sector agropecuario
Las principales entidades agropecuarias, entre ellas la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria, nucleadas en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), emitieron un comunicado reafirmando su compromiso con la continuidad del INTA.
El documento, que puede interpretarse como un mensaje al Gobierno nacional, señala que algunas modificaciones previstas en el decreto son «innecesarias». A su vez, exigen que el INTA preserve tres características esenciales para su funcionamiento: autarquía, gobernanza y estructura de centros regionales.
Una preocupación compartida
Las entidades del sector agropecuario advirtieron que es fundamental contar con un organismo eficiente y con amplia territorialidad, que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país. Además, alertaron que cualquier medida que afecte esa estructura impactará negativamente en el sector productivo.
En este contexto, el debate sobre el futuro del INTA continúa, mientras diversos actores buscan impedir modificaciones que puedan debilitar su rol en el desarrollo científico y tecnológico del agro argentino.
