Cada domingo, en este espacio, hago referencia a alguna situación que ha tenido trascendencia en alguno de los distritos a los que llegamos con nuestro medio y en algunas ocasiones, a temas de interés nacional sobre el que me interesa hacer alguna observación o aporte.
En esta ocasión quisiera hacer referencia a una situación que no es nada novedosa, pero que en los últimos tiempos se ha incrementado no sólo a nivel nacional, sino también en distintas situaciones en las localidades a las que llegamos con Sendero Regional. Estoy hablando de la “Justicia por mano propia”.
Estas situaciones las hemos visto en numerosas ocasiones a través de los noticieros de los canales nacionales, y cada vez que ocurren, abren un interesante debate sobre el tema.
Muchas veces la sociedad suele aprobar estas actitudes del victimario sobre la víctima, desconociendo que a quien le corresponde determinar quien es inocente o culpable y establecer las condenas, es al Estado a través de su Poder Judicial.
Es verdad que muchas veces los tiempos judiciales no son los que la sociedad pretende y cuando las causas se dilatan, genera una sensación de injusticia, pero se debe ser muy claro y expresar que la “Justicia por mano propia” no es Justicia, sino que por el contrario es un delito.
De ninguna manera pueden ser aprobadas estas actitudes que muchas veces, más que Justicia, buscan venganza, respondiendo a la violencia, con más violencia. Una cosas es exigir Justicia y otra muy distinta, queres establecerla uno mismo.
De ningún modo se puede justificar que una persona o un grupo, por más dolor o frustración que sientan por haber sufrido un pérdida de un ser querido, un robo o el delito que fuere, se arroguen la potestad de golpear a un delincuente o afectar sus bienes materiales o de sus allegados a modo de venganza.
Los hechos ocurridos en los últimos tiempos generan en la comunidad un fuerte dolor y angustia, y debemos ser claros: deben ser condenados. De la misma manera, la Justicia debe actuar y juzgar tanto al que delinque como a las eventuales víctimas que busquen vengarse con conductas irreflexivas y reñidas con la ley penal.
A su vez, muchas de las situaciones que se han registrado en nuestro pago chico, ponen sobre la mesa la falta de contención y acompañamiento que tienen numerosas familias que se sienten excluidos y que tristemente, se vuelven “visibles” para la sociedad a través de estos hechos.
Por eso es necesario que las autoridades judiciales, policiales y municipales (a través de los equipos interdisciplinarios y sus profesionales), se involucren tomando las medidas del caso, acompañando y conteniendo a quienes hayan sufrido un delito, a sus familias y que ello permita que estas situaciones no se vuelvan recurrentes.
Carlos Laboranti – Director ejecutivo
