Campo y kirchnerismo, en eterno conflicto

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La relación del kirchnerismo con el campo, claro está que nunca fue la ideal, pero mucho menos de 2008 en adelante. La recordada resolución 125, como se conoció esa medida que anunció Martín Lousteau, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, desató una pelea que duró cuatro meses, con cortes de rutas y una sociedad en vilo por la pelea campo-gobierno.

Aunque ningún desencuentro posterior alcanzó al nivel que tuvo aquel conflicto, la relación siempre fue tensa y fueron muchas más las diferencias que las coincidencias.

Con la asunción de Alberto Fernández, parecen haber regresado los “choques” entre el campo y el kirchnerismo.

Al año 2020 le quedan poco más de un mes y medio, en los que el Congreso Nacional deberá tomar decisiones importantes que afectarán de manera directa al sector agropecuario. Me refiero al tratamiento que los legisladores le darán a tres proyectos de ley que impulsa el oficialismo: el impuesto a la riqueza, la modificación al manejo del fuego y la ley Yolanda.

El primero de ellos es el que más ha estado en la agenda pública y claro está que cuenta con altas posibilidades de convertirse en ley. Este aporte obligatorio alcanzaría a todas aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que hayan declarado, a la fecha del dictado de la Ley, un total de bienes que sea igual o mayor a los 200 millones de pesos, incluyendo muchos de los bienes que hoy están exentos según la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales.

Si el campo ya venía reclamando por la presión impositiva, claro está que la probable aprobación de este proyecto no cayó nada bien en el sector. Por el contrario, el rechazo fue tal, que muchos productores comenzaron a retirar sus fondos del banco Credicoop, que es presidido por Carlos Heller, uno de los principales impulsores del proyecto.

La bronca del campo radica en que el proyecto no tiene en consideración el patrimonio de la persona, sino solamente sus activos. Además, tampoco se permite la deducción de los eventuales pasivos que tenga el contribuyente y no se aplicaría un mínimo no imponible, sino un mínimo no gravado. De esta manera, el productor que supere los 200 millones, pagará impuesto por el total y no por el excedente.

El segundo de los proyectos, impulsado por Máximo Kirchner, propone modificar la ley conocida como manejo del fuego, y prevé generar graves sanciones para los dueños de las tierras que sufran un incendio. El dato que hace que este proyecto sea rechazado por las entidades y dirigentes del sector agropecuario, es que no hay una distinción entre incendios provocados e intencionales o aquellos que fueron provocados por un tercero ajeno al titular del predio.

Es decir que un propietario no sólo podría sufrir un incendio en su campo por una sequía o por la intencionalidad de terceros, sino que además debería pagar una sanción por ello, lo que sería un doble castigo.

El tercer proyecto, es conocido como la “Ley Yolanda”, en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Ambiente en Argentina y América Latina. Esta es una idea de jóvenes que trabajan para prevenir el cambio climático. El proyecto le pertenece a la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo, la más joven del recinto, que la impulsó en el Senado, logró media sanción por unanimidad con apoyo de Cristina Kirchner, y ahora buscan una aprobación rápida en Diputados.

El proyecto de ley, que prevé la capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, tiene mucho que ver con las actividades productivas, y hará necesario que la industria y el sector productivo se amolden a esto. La expectativa es que esta iniciativa traiga soluciones a catástrofes como los incendios.

Respecto a este último proyecto, los dirigentes del sector agropecuario aún no se han expresado. Lo cierto es que de los tres proyectos que se tratarán, dos generan nuevos desencuentros entre el campo y el oficialismo. ¿Algún día lograrán consensuar medidas y proyectos que permitan una sana convivencia y beneficios mutuos?. Ojalá así sea.

Carlos Laboranti – Director Ejecutivo